Canarias busca un Régimen Fiscal más eficiente

El nuevo análisis económico de CEOE Tenerife aporta una visión empresarial sobre los retos que afronta Canarias en torno al REF, la financiación autonómica, la burocracia, el IGIC y los Presupuestos de 2026. El informe plantea un mensaje central: el Archipiélago necesita un marco fiscal moderno, una administración que funcione con criterios de eficiencia y una orientación presupuestaria enfocada a la productividad, si quiere consolidar un modelo económico sostenible y competitivo.

La patronal insiste en que el Régimen Económico y Fiscal debe evolucionar para responder a la economía real. El objetivo no es contar con más REF, sino con un REF mejor, capaz de impulsar sectores estratégicos y ofrecer seguridad jurídica a las empresas, especialmente a las pymes y a los nuevos inversores. De hecho, CEOE Tenerife recuerda que “el REF no es una ayuda ni un privilegio, sino un derecho reconocido”, una compensación estructural respaldada por la Unión Europea.

Para reforzar su capacidad de atracción de inversión y talento, el REF necesita medidas más automáticas, previsibles y dotadas de mayor estabilidad normativa. La patronal destaca el éxito de incentivos existentes —como los vinculados a la I+D+i, la producción audiovisual o la utilización de la RIC en vivienda de alquiler— y plantea nuevas vías, desde la reducción de cotizaciones sociales hasta deducciones en el IRPF para residentes y emprendedores, particularmente en islas no capitalinas. Para que este marco funcione, es imprescindible reforzar su conocimiento dentro del tejido empresarial y garantizar su aplicación sin trabas administrativas.

Una administración más eficiente para impulsar inversión y competitividad

La competitividad de las empresas canarias no depende solo del REF, sino también de una administración ágil. El exceso de procedimientos, la lentitud en la emisión de licencias y la falta de coordinación entre administraciones continúan frenando proyectos tanto públicos como privados. CEOE Tenerife alerta de que en algunas áreas la ejecución presupuestaria no alcanza el 70%, evidencia de que el problema no reside en la falta de recursos, sino en la capacidad de gestión.

El informe propone implantar plazos administrativos tasados y dotar de mayor autonomía operativa a los órganos gestores, además de crear una ventanilla única real para la inversión empresarial en áreas estratégicas como energía, suelo, turismo e industria. La digitalización debe acompañarse de interoperabilidad y automatización, para que no se convierta en una mera formalidad sin efectos positivos en la tramitación.

Respecto al IGIC, la patronal sostiene que una rebaja moderada podría aliviar a familias y empresas sin comprometer las finanzas públicas. Con un aumento interanual de ingresos superior al 6% y previsiones de crecimiento del 7% en 2026, existe margen para aplicar estímulos fiscales selectivos. La reducción del impuesto aportaría liquidez, dinamizaría el consumo y serviría como herramienta contra la inflación.

El análisis también aborda la incertidumbre derivada de la ausencia de presupuestos estatales y la falta de una reforma del sistema de financiación autonómica. La posible condonación parcial de deuda a determinadas comunidades genera inquietud, dado que Canarias es una región con bajo nivel de endeudamiento y podría salir perjudicada en el reparto futuro de recursos. CEOE Tenerife insiste en que el REF debe quedar totalmente al margen de estas negociaciones y recuerda que forma parte de un mecanismo estructural que no puede computarse como financiación ordinaria.

En materia de gasto social, el informe señala que el incremento presupuestario en sanidad y educación —que ya representan más del 54% del total— no se ha traducido en mayor eficiencia. El absentismo laboral continúa generando un coste de 1.300 millones de euros anuales, afectando a la productividad empresarial y a la sostenibilidad de los servicios públicos. CEOE Tenerife subraya que “llevamos años insistiendo en la necesidad de situarnos a la vanguardia, pero los presupuestos continúan sin reflejar una apuesta decidida en esa dirección”.

Los Presupuestos de Canarias para 2026, que alcanzan los 12.491 millones de euros, refuerzan el gasto social pero reducen de forma significativa la inversión pública: las inversiones reales caen un 14,9% y los fondos MRR se desploman más del 80%. Esta tendencia puede limitar la capacidad del Archipiélago para modernizar infraestructuras, impulsar la transición energética o mejorar la movilidad, todos ellos elementos clave para el crecimiento.

Para las empresas, esta estructura presupuestaria refuerza la necesidad de reorientar los recursos hacia políticas que impulsen la productividad, la innovación y la creación de empleo de calidad. Sectores como la transición energética, el turismo, la soberanía alimentaria o la industria requieren una estrategia coordinada entre administraciones y una gestión más eficaz para evitar retrasos crónicos y aprovechar oportunidades como los fondos europeos.