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Pimec ha presentado un diagnóstico que vuelve a situar la dimensión empresarial como un factor clave que limita la competitividad de España. El estudio “Dimensión empresarial: diagnóstico y propuestas”, elaborado por el Observatorio de la Pyme de Cataluña, muestra que la estructura productiva continúa dominada por microempresas: el 94% de las sociedades catalanas tienen menos de diez empleados y las pymes representan el 99,8% del total, mientras que solo un 0,2% son grandes empresas. Estos datos ponen de manifiesto restricciones claras a la productividad, la inversión y la internacionalización del tejido empresarial.
El estudio identifica una brecha importante entre la intención de crecer y el crecimiento efectivo: siete de cada diez pymes desean ampliar su actividad, pero únicamente tres lo consiguen. Entre los obstáculos que explican ese freno destacan el exceso de burocracia, una fiscalidad poco orientada al crecimiento, dificultades para cubrir vacantes y problemas de acceso al financiamiento. La presencia de umbrales regulatorios —especialmente el que aparece al superar los 50 empleados— genera costes adicionales y cargas administrativas que desincentivan la escalada empresarial. Frente a este diagnóstico, Pimec reclama una Ley de Impulso al Crecimiento Empresarial que simplifique el marco y favorezca la ampliación de plantilla y actividad.
Los responsables del informe subrayan medidas concretas y encadenadas: revisar y elevar progresivamente los umbrales que activan obligaciones adicionales; implantar una ventanilla única digital efectiva; aplicar el principio “once only” para evitar duplicidades administrativas; y armonizar la normativa entre administraciones. Además, proponen incentivos fiscales ligados a la reinversión y tipos impositivos progresivos adaptados a fases de crecimiento. La entidad también demanda políticas públicas que reduzcan los costes de crédito de las pymes y mejoren el acceso a instrumentos financieros adecuados para empresas en expansión.
En la presentación, Antoni Cañete, presidente de Pimec, enfatizó la dimensión social y económica del reto con una frase que resume la urgencia: “Si queremos más productividad, mejores salarios y más bienestar, necesitamos empresas más grandes. Es una prioridad económica, pero también social”. Por su parte, el presidente del Observatorio, Oriol Amat, alertó sobre el carácter estructural del problema: “Cataluña arrastra un déficit histórico de dimensión empresarial que tiene consecuencias directas sobre la productividad, la calidad de los salarios y la capacidad de innovar”.
El informe recoge además la percepción directa de los empresarios: un 22,9% considera que los incentivos fiscales al crecimiento serían la medida más eficaz, mientras que un 22,3% sitúa la reducción y simplificación de trámites administrativos como la prioridad inmediata. Muchas pymes perciben que los instrumentos públicos de apoyo son complejos o poco adaptados a la realidad de las micro y pequeñas empresas, lo que limita su capacidad para transformar la intención de crecer en resultados tangibles.
Desde una perspectiva de decisión estratégica para directivos y propietarios, los planteamientos del informe invitan a reflexionar sobre dos frentes complementarios. Primero, la necesidad de diseñar políticas públicas que reduzcan el coste de entrada en escalas superiores —mediante umbrales más graduales y condiciones fiscales transitorias— para evitar el efecto de paro del “pequeño tamaño” que deja a muchas empresas en una zona de subóptimo productivo. Segundo, la importancia de adaptar la gobernanza interna de las pymes: profesionalizar la gestión financiera, mejorar la planificación de recursos humanos y preparar proyectos de internacionalización viables que atraigan inversores y socios financieros.

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