Antoni Cañete refuerza la voz de las pymes en Europa

La reciente reelección de Antoni Cañete como vicepresidente de SME United marca un nuevo hito en la representación de las pymes españolas y, en particular, de las pymes catalanas dentro de las instituciones europeas. La decisión, adoptada durante la Asamblea anual celebrada en Bruselas, consolida la presencia de este segmento empresarial en el Diálogo Social europeo, un espacio clave donde se definen muchas de las políticas que afectan directamente al tejido productivo del continente.

SME United, la patronal europea que agrupa a las pequeñas y medianas empresas, renovó sus órganos de gobierno y eligió al italiano Davide Galli como nuevo presidente para el mandato 2026-2027, relevando al finlandés Petri Salminen. En este contexto, la continuidad de Cañete en la vicepresidencia y como miembro de la Junta refuerza el peso de Pimec, organización que fue la candidatura estatal que obtuvo mayor respaldo en la votación. Este resultado no solo valida la labor desarrollada en los últimos años, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de que las pymes tengan una voz propia y estructurada en Bruselas.

Desde la perspectiva empresarial, la reelección supone un paso relevante para mejorar la capacidad de influencia de las organizaciones que representan a las empresas de menor dimensión. Pimec, en colaboración con PIMEM y a través del grupo Pimes Group, se ha posicionado como un interlocutor activo ante las instituciones comunitarias, defendiendo una agenda centrada en la competitividad, la sostenibilidad económica y la simplificación normativa. En un entorno marcado por la incertidumbre económica y los retos de la transición digital y verde, este tipo de representación resulta especialmente estratégica para las pymes y autónomos.

Prioridades estratégicas para la competitividad empresarial

Durante su intervención, Antoni Cañete subrayó la voluntad de dar continuidad a los ejes estratégicos impulsados en los últimos años. Entre ellos destacan la lucha contra la morosidad, el impulso a la participación de las pymes en la contratación pública, la reducción de la burocracia y la mejora del acceso a la financiación empresarial. Estas prioridades conectan directamente con algunas de las principales preocupaciones del tejido productivo español, donde los plazos de pago excesivos y la carga administrativa siguen siendo barreras estructurales para el crecimiento.

En relación con la morosidad, Cañete insistió en la necesidad de que el Reglamento europeo contra los retrasos en los pagos forme parte del programa de trabajo de la Comisión Europea en 2026. Asimismo, defendió la creación de un régimen sancionador efectivo y de autoridades de control en todos los Estados miembros. El objetivo es garantizar la viabilidad y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, evitando que prácticas abusivas pongan en riesgo la actividad económica, el empleo y la generación de riqueza.

Otro de los puntos destacados fue la labor desarrollada por SME United durante 2025 para promover un marco normativo que tenga en cuenta, desde su origen, la realidad de las empresas de menor tamaño. En este ámbito, Cañete puso en valor la difusión del manifiesto “Think Small First”, una iniciativa orientada a fomentar una legislación proporcionada, práctica y adaptada a las características específicas de las pymes, especialmente en lo que respecta a la simplificación administrativa. Tal y como expresó literalmente el propio Cañete, “Només amb un marc regulador àgil i adaptat a la realitat de les pimes serà possible millorar la seva competitivitat, impulsar el creixement i reforçar el seu paper com a motor econòmic i social en l’àmbit europeu”.

La reelección de Cañete se produce, además, en un momento de fortalecimiento institucional de Pimec en el ámbito comunitario. La reciente incorporación de la organización al Comité Económico y Social Europeo (CESE), con representantes como Jacint Soler y Rosa Solanes, amplía la capacidad de incidencia de las organizaciones empresariales españolas en los debates estratégicos de la Unión Europea. Esta presencia coordinada permite abordar de forma más eficaz cuestiones transversales como la política industrial, la regulación laboral o el acceso a los fondos europeos.