Gobierno modificaría el criterio del empleado 50 en las pymes

La dinámica del tejido empresarial está experimentando cambios radicales en España, y el Gobierno se enfrenta a una tarea crucial en esta nueva legislatura: abordar los obstáculos regulatorios que obstaculizan el crecimiento de las empresas de menor tamaño. El escenario se ha marcado con la necesidad de contrarrestar los vaivenes económicos que amenazan con reducir aún más el tamaño de estas empresas. Entre los desafíos más destacados se encuentra lo que se ha denominado la "maldición del empleado número 50".

En España, el incremento de un solo empleado, llevando a una empresa de 49 a 50 trabajadores, marca un punto de inflexión crítico. Este cambio conlleva una carga burocrática significativa y una serie de regulaciones fiscales, laborales, financieras y de competencia que pueden resultar onerosas. Como resultado, muchas empresas pueden verse desalentadas a ampliar su plantilla, lo que tiene repercusiones directas en el crecimiento económico y la creación de empleo.

El Gobierno está ante la tarea de modificar las leyes de Sociedades de Capital y Auditoría de Cuentas, en línea con la propuesta de la Comisión Europea de elevar los umbrales para la clasificación de las empresas. Esta modificación, que se encuentra en proceso de consulta, tiene como objetivo alinear a España con las directivas comunitarias y eliminar barreras que obstaculizan el crecimiento empresarial.

Sin embargo, es importante destacar que, a pesar de esta modificación, el empleado número 50 sigue quedando fuera de ciertas regulaciones. Desde la patronal, se continúa presionando al Gobierno para eliminar esta barrera, argumentando que las obligaciones impuestas pueden ser inasumibles para muchas pequeñas empresas, frenando así su crecimiento y contribuyendo a mantener altas tasas de desempleo en comparación con la media europea.

Los cambios propuestos en los criterios de tamaño empresarial tendrán diversas implicaciones. Por un lado, algunas pymes podrán optar por presentar sus cuentas anuales de manera abreviada, lo que aliviará la carga administrativa para estas empresas. Por otro lado, se espera que se reduzca el alcance de ciertas obligaciones, como la auditoría de cuentas anuales y la presentación de informes de sostenibilidad, para aquellas empresas que no alcancen ciertos límites en cuanto a su tamaño y volumen de negocio.

Estos cambios responden a la necesidad de actualizar los umbrales de clasificación de las empresas, teniendo en cuenta el impacto de la inflación y los cambios económicos recientes. Según datos de Eurostat, la inflación acumulada entre 2013 y marzo de 2023 ha sido significativa, lo que justifica el ajuste al alza de los umbrales de clasificación de las pymes y grandes empresas.

Es importante señalar que estos cambios no son opcionales para los Estados miembros, ya que se trata de una propuesta de directiva delegada por parte de la Comisión Europea. Por lo tanto, se espera que estos cambios sean implementados en el derecho interno de España en un plazo relativamente corto, lo que tendrá un impacto significativo en el panorama empresarial del país.

En resumen, la nueva legislatura se presenta con importantes desafíos y oportunidades en el ámbito empresarial. La modificación de los criterios de tamaño empresarial y la eliminación de barreras regulatorias son pasos fundamentales para impulsar el crecimiento económico y fomentar la creación de empleo en España. Sin embargo, queda por ver cómo se implementarán estos cambios y cuál será su impacto en el tejido empresarial a largo plazo.