56% de las facturas se pagan con retraso, a los 84 días

El problema de la morosidad se agrava ya que el PMP sube en el primer trimestre, el periodo medio de pago (PMP) ha experimentado un incremento en el ya mencionado plazo del año, alcanzando los 84,3 días. Esta cifra proviene del último Observatorio de Morosidad elaborado por CEPYME, basado en datos de Informa D&B y CESCE. El incremento interanual del PMP en este primer trimestre fue de 0,9 días, el mayor registrado en los últimos cuatro años, lo que representa una carga significativa para las empresas españolas.

Inefectividad de la Ley de Morosidad y necesidad de un marco regulatorio europeo

A la espera del nuevo marco regulatorio europeo sobre morosidad, estos datos resaltan nuevamente la falta de efectividad de la Ley de Morosidad española, que establece un plazo máximo legal de pago de 60 días. Ante esto, y tras las recientes elecciones al Parlamento Europeo, llevados a cabo el ultimo 9 de Junio, CEPYME insta a las instituciones europeas a acelerar la aprobación de la nueva normativa comunitaria sobre morosidad. En particular, la organización aboga por que el Consejo de Competitividad de la UE adopte la vía del reglamento, en lugar de la directiva, para homogeneizar de manera más efectiva las diferentes normativas nacionales.

CEPYME considera urgente la tramitación de esta normativa europea con el fin de homogeneizar la regulación y combatir la morosidad a nivel comunitario. Este paso es esencial para garantizar condiciones equitativas para las pymes de todos los países miembros y mitigar los efectos negativos que la morosidad tiene sobre la liquidez de las empresas, comprometiendo sus proyectos y, en muchos casos, su supervivencia, poniendo a todos en igualdad de condiciones 

Factores económicos que influyen en el PMP

El PMP inició una fase descendente al comienzo de la pandemia, pero eso ha comenzado a modificarse puesto que  ya acumula tres trimestres consecutivos sin registrar descensos. La evolución de la inflación y los tipos de interés influyen en este alargamiento de los plazos de pago. La inflación incentiva la reducción de los plazos de cobro para evitar la erosión del poder adquisitivo de las facturas por cobrar. En el primer trimestre, la inflación se situó en torno al 3%. Aunque sigue siendo elevada, al alumbrarse una estabilización al menos momentánea en ese rango reduce la presión para seguir acortando el plazo de cobro. Asimismo, la percepción de que la tendencia alcista de los tipos de interés ha quedado atrás también estaría contribuyendo a relajar la presión por reducir los plazos de cobro de las facturas emitidas.

En consecuencia, el incremento del periodo medio de pago en el primer trimestre nos estaría mostrado una problemática persistente en el ámbito empresarial español, que además se ve agravada por la poca efectividad de la actual Ley de Morosidad y la necesidad que urge de establecer  una normativa europea más homogénea y a la vez mas  efectiva. La situación económica, marcada por la inflación y los tipos de interés, sigue influyendo en los plazos de pago, afectando la liquidez y estabilidad de las empresas.