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Bonificará a las pymes que conviertan contratos a tiempo parcial en jornadas completas y endurecerá las sanciones por infracciones laborales.
ECONOMÍA & POLÍTICA14/10/2024El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha dado un nuevo impulso para incentivar la conversión de contratos a tiempo parcial en contratos indefinidos a tiempo completo en pequeñas empresas, como parte de su estrategia para implementar la reducción de la jornada laboral sin disminuir el salario. Esta medida se ha diseñado principalmente para beneficiar a pymes con menos de 10 trabajadores, que recibirán bonificaciones significativas en las cotizaciones sociales por cada contrato que se modifique.
Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo, detalló esta propuesta tras la tercera reunión del otoño entre el Gobierno y los representantes de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT. Durante estas conversaciones, el Ejecutivo busca alinear a las organizaciones empresariales con la iniciativa de reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin afectar los sueldos de los empleados.
El Ministerio de Trabajo es consciente de que sectores como la hostelería y el comercio han expresado preocupaciones sobre el impacto de una reducción de jornada, especialmente en cuanto a los costes laborales. Por ello, se han propuesto estos incentivos para disminuir el temor de las pequeñas empresas al adoptar la medida.
El Gobierno no solo ofrecerá bonificaciones para las pymes que conviertan contratos a tiempo parcial en jornadas completas, sino que también planea implementar subvenciones para las empresas que necesiten contratar nuevos empleados como parte de la reducción de la jornada laboral. Las subvenciones cubrirán entre el 80% y el 100% de las cotizaciones sociales de los nuevos trabajadores que ingresen en las empresas para complementar las horas de trabajo liberadas por los empleados que vean reducida su jornada.
Este paquete de incentivos forma parte del plan pyme 375, una de las iniciativas clave del Ministerio de Trabajo para el periodo 2024-2025, que tiene como objetivo apoyar la productividad y mejorar las condiciones laborales en las pymes. Además, el Gobierno se ha comprometido a que expertos de los servicios públicos de empleo ofrezcan asesoramiento a las empresas para facilitar la implementación de la reducción de jornada sin que ello implique un recorte salarial.
En paralelo a estas medidas, el Ministerio también está impulsando un endurecimiento de las sanciones para las empresas que incumplan con la normativa laboral. Joaquín Pérez Rey afirmó que las multas actuales, que pueden alcanzar hasta 7.500 euros por cada trabajador en situación irregular, son insuficientes. En los casos más graves, donde las infracciones laborales afectan directamente la salud de los empleados, las sanciones podrían superar el millón de euros.
Estas propuestas también incluirán un reglamento para facilitar la fiscalización del cumplimiento de la jornada laboral. El proyecto tiene como objetivo permitir a la Inspección de Trabajo acceder de forma directa a los registros horarios digitales de las empresas en caso de sospecha de infracciones.
Se espera que todas estas medidas queden recogidas en un proyecto de ley que debería entrar en vigor antes del 31 de diciembre de 2025, consolidando la transición hacia una jornada laboral más corta sin recortes salariales.
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