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El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) ha publicado un exhaustivo análisis sobre las consecuencias económicas de la DANA (depresión aislada en niveles altos) que afectó gravemente a la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. Según sus estimaciones, la catástrofe destruyó el 20% del stock de capital público y privado en los municipios afectados, lo que equivale a pérdidas superiores a los 17.000 millones de euros, considerando que el valor total de estos activos se sitúa en 85.900 millones de euros.
El director de Investigación del Ivie, Francisco Pérez, ha subrayado que el PIB no es la medida adecuada para valorar este impacto, ya que no refleja la pérdida de capital fijo. Sin embargo, las inversiones destinadas a la reconstrucción sí se contabilizarán, lo que podría ofrecer una visión parcial de la recuperación.
La recuperación económica dependerá en gran medida de la llegada de ayudas públicas y de su rapidez en la ejecución. Según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), las ayudas asignadas ascienden a 18.364 millones de euros, de los cuales solo 11.000 millones son no reembolsables. El resto se compone de avales, préstamos y aplazamientos fiscales, mecanismos que, aunque útiles, imponen una carga futura para las finanzas de los afectados.
Esto deja un déficit de más de 6.000 millones de euros respecto al stock de capital destruido, según destaca Joaquín Maudos, director adjunto del Ivie. En ausencia de ayudas extraordinarias, la recuperación al ritmo actual de inversión requeriría al menos cuatro años dedicados exclusivamente a la reconstrucción, una perspectiva insostenible sin recursos adicionales.
A pesar de la magnitud del desastre, el Ivie ve en la reconstrucción una oportunidad para abordar problemas estructurales de la economía valenciana, como la baja productividad. El instituto propone aprovechar los fondos europeos Next Generation, que podrían aportar hasta 1.500 millones de euros, para fomentar la digitalización, mejorar la eficiencia energética y renovar los activos dañados con tecnologías más avanzadas.
Entre las propuestas, destaca la creación de un sistema de indicadores para monitorizar la recuperación, que permita medir los avances y anticiparse en futuras emergencias. Además, se subraya la utilidad de herramientas tecnológicas, como la superposición de capas de información georreferenciada, que integren datos de población, empleo y viviendas para tomar decisiones más efectivas.
El informe también analiza las causas subyacentes de la catástrofe y concluye que la falta de inversión en infraestructuras hidráulicas ha sido un factor determinante. Desde 2009, las inversiones en este ámbito han caído a una cuarta parte de los niveles previos, como consecuencia de los ajustes presupuestarios tras la crisis financiera. Según Francisco Pérez, esta reducción ha limitado la capacidad de las administraciones para mitigar los efectos de fenómenos meteorológicos extremos, cuya frecuencia e intensidad aumentan debido al cambio climático.
El Ivie insiste en la necesidad de reactivar las inversiones en infraestructuras hidráulicas como una prioridad en la recuperación, para evitar que futuros desastres tengan consecuencias tan graves como las sufridas en octubre.
El análisis del Ivie deja claro para sus realizadores que la recuperación tras la DANA no solo depende de reponer las pérdidas económicas, sino también de aprovechar la reconstrucción como una oportunidad para impulsar la competitividad y sostenibilidad de la economía valenciana..
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