Una capa de apoyo insuficiente pone en riesgo la viabilidad de pymes y trabajadores por cuenta propia en las zonas afectadas de la Comunidad Valenciana
Frente a las ayudas directas de otras regiones, la Comunitat prioriza reforzar su visibilidad internacional e intenta reforzar su agenda para la reconstrucción post DANA
Muchos siguen cerrados. No puede ser que te den una ayuda y tengas que pagar el 30% a la Administración, advirtió el Vicepresidente de ATA Valencia, Alberto Ara.
Es como consecuencia de los daños sufridos por la inundación de octubre. La salida de la producción representa un duro golpe para el tejido industrial local.
Se enfrentan a un desafío doble: recuperar sus operaciones tras la DANA y adaptarse a una nueva estructura de costes y plazos. Las ventas de Stadler cayeron 10%
Las ayudas no reembolsables alcanzan los 11.000 MM. Proponen usar la reconstrucción para impulsar la productividad y la inversión en infraestructura hidráulica
La Generalitat Valenciana aprueba ayudas para quienes no tengan empleados, complementando los apoyos estatales de hasta 5.000 euros, con trámites simplificados
El impacto de estas medidas busca un respiro financiero y un efecto multiplicador que contribuya a estabilizar y fortalecer el entorno empresarial, afirma.
La exención del IBI, fuente de ingreso clave, podría representar un déficit de 13.500 millones de euros, poniendo en riesgo la tesorería de los ayuntamientos
Aplazar los pagos y simplificar los trámites administrativos son vistas por empresarios como esenciales para facilitar la recuperación del tejido y el empleo.
El Ministerio ha especificado que los autónomos tendrán acceso a la prestación por cese de actividad sin necesidad de cumplir con el periodo de carencia
En los últimos años, las autoridades estadounidenses han intensificado el control sobre empresas extranjeras que cotizan en sus mercados, especialmente en lo relativo a auditorías y requisitos de transparencia
Según explicó el ministro de Economía, y nuevo vicepresidente de gobierno, Carlos Cuerpo, “esta medida facilita que más empresas puedan plantearse la salida a Bolsa en condiciones más adaptadas a su estructura accionarial”.
A pesar de ello, advierten que los trámites son descritos como “largos” y “complejos”, lo que limita la capacidad de respuesta de las compañías ante necesidades urgentes de personal.