Negocios digitales tendrán estrictos requisitos de seguridad

La Unión Europea ha dado un paso decisivo en la protección del entorno digital con la aprobación de la Ley de Ciberresiliencia, una normativa que obliga a fabricantes, distribuidores e importadores de productos digitales a garantizar la seguridad cibernética de sus dispositivos y servicios durante todo su ciclo de vida.

Esta ley no solo afecta a grandes tecnológicas, sino también a pequeñas y medianas empresas (pymes), startups y autónomos que fabrican, comercializan o utilizan dispositivos digitales en sus negocios. Los requisitos incluyen medidas de seguridad desde el diseño, actualizaciones de software periódicas, gestión de vulnerabilidades y notificación rápida de incidentes.

Las empresas tendrán hasta diciembre de 2027 para adaptarse, pero los expertos recomiendan comenzar cuanto antes con la implementación de protocolos de seguridad más sólidos.

Requisitos clave de la nueva ley

La Ley de Ciberresiliencia establece una serie de obligaciones para fabricantes y distribuidores de productos digitales, con el objetivo de reducir el número de ciberataques y mejorar la seguridad de los usuarios. Entre los aspectos más destacados, se incluyen:

• Diseño seguro desde el inicio: Los productos digitales deberán incorporar medidas de ciberseguridad desde su fase de desarrollo.
• Gestión de vulnerabilidades: Se exigirá a las empresas identificar, evaluar y mitigar riesgos antes de lanzar un producto y durante su uso.
• Actualizaciones de seguridad: Será obligatorio garantizar parches y mejoras de seguridad periódicas.
• Evaluaciones de riesgos: Los fabricantes deberán realizar análisis regulares para detectar posibles fallos de seguridad.
• Notificación de incidentes: Cualquier vulnerabilidad detectada deberá comunicarse a las autoridades en un plazo máximo de 24 horas.
• Documentación técnica: Los productos deberán incluir información detallada sobre su seguridad.
• Transparencia para los usuarios: Las empresas estarán obligadas a informar a los clientes sobre los riesgos asociados a sus dispositivos y software.
• Cumplimiento normativo y retirada de productos inseguros: Los distribuidores deberán verificar que los productos cumplen la normativa y retirar del mercado aquellos que no sean seguros.

¿Qué empresas se verán afectadas?

Esta normativa impactará en múltiples sectores, desde fabricantes de hardware y software hasta distribuidores de dispositivos digitales, soluciones IoT y tecnología empresarial. Además, afectará de forma indirecta a autónomos y pymes que utilizan estos productos, como aquellos que operan con software de facturación, plataformas de comercio electrónico o sistemas de gestión de clientes.

Por ejemplo, un autónomo con una tienda online que utilice un CRM deberá asegurarse de que el proveedor cumple con las nuevas exigencias de seguridad, lo que garantizará una menor vulnerabilidad ante ciberataques.

Las empresas tienen hasta el 11 de diciembre de 2027 para cumplir con estos requisitos. Sin embargo, el retraso en la adaptación podría conllevar sanciones económicas severas con multas de hasta 15 millones de euros y penalización del 2% de los ingresos anuales globales de la empresa infractora. Para facilitar la transición, la UE ofrecerá subvenciones e incentivos a las pequeñas empresas, además de formación específica en ciberseguridad para autónomos y negocios emergentes.

Más allá de los desafíos de adaptación, la Ley de Ciberresiliencia supondrá un entorno digital más seguro para las pymes y autónomos. Un informe reciente alertó de la presencia de malware preinstalado en más de 30.000 dispositivos IoT en Europa, lo que demuestra la urgencia de estas medidas, por lo que la exigencia de estándares más altos en productos digitales reducirá los riesgos de ataques cibernéticos y brechas de seguridad.