Gobierno y sindicatos acuerdan elevar el SMI a 1.184 euros

El Gobierno de España y los principales sindicatos, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), han alcanzado un acuerdo para incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 16.576 euros brutos anuales. Este aumento, que representa un incremento del 4,4%, se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025 y será ratificado en el próximo Consejo de Ministros.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, formalizaron este acuerdo en una ceremonia en Madrid. Díaz destacó que esta medida es una "herramienta clave para reducir la desigualdad y la pobreza laboral" y para "elevar el conjunto de los salarios del país". Añadió: "Es el momento de convertir el crecimiento en progreso. Que las buenas cifras macro del PIB se noten en todos los hogares. Hoy damos un nuevo impulso para que una esperanza muy palpable llegue a todas las economías familiares".

Desde 2018, el SMI ha experimentado una revalorización cercana al 61%, consolidándose como una política central en la agenda laboral del Gobierno. Sin embargo, este último incremento no cuenta con el respaldo de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que habían propuesto una subida del 3,4%, considerada insuficiente por el Ejecutivo y los sindicatos.

Aunque los sindicatos inicialmente abogaban por un aumento del 5,8% hasta alcanzar los 1.200 euros mensuales, finalmente aceptaron el incremento del 4,4% a cambio de establecer una mesa de diálogo social en un plazo de dos meses. Esta mesa abordará reformas legales relacionadas con el SMI, como la absorción de pluses de convenio por los incrementos del salario mínimo, la actualización automática de los salarios en convenios y la adecuación de las cuantías diarias y por hora del SMI en caso de reducción de la jornada laboral.

El Ministerio de Trabajo ha señalado que se implementarán campañas específicas para asegurar que los convenios colectivos no incluyan escalas salariales que no se ajusten al SMI, estableciendo medidas para garantizar que los trabajadores dispongan de procedimientos ágiles y efectivos para asegurar el respeto a una remuneración equitativa y suficiente.

Impacto en las pequeñas y medianas empresas (pymes)

La subida del SMI ha generado inquietud entre las pymes españolas. Según un estudio de la aseguradora Hiscox, el 33,8% de las pymes necesitó realizar ajustes para afrontar el incremento del SMI en 2023, que fue del 8%. Entre las medidas adoptadas, el 13,8% redujo los sueldos más altos, el 7,5% llevó a cabo despidos y el 3,6% optó por contratar menos personal o hacerlo de forma más cautelosa. Las empresas con una facturación inferior a 2 millones de euros y las micropymes (entre uno y nueve empleados) fueron las más afectadas. Por sectores, la industria y el comercio experimentaron el mayor impacto. 

Además, la reciente aprobación de la reducción de la jornada laboral y las medidas que encarecen el despido han suscitado preocupaciones adicionales entre las pymes y autónomos, que temen que estos cambios puedan aumentar los costes operativos y generar inflación, afectando la viabilidad de muchas pequeñas empresas. 

Queda pendiente determinar si el Ministerio de Hacienda, liderado por la vicepresidenta primera María Jesús Montero, incrementará el mínimo exento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para evitar que los trabajadores que perciben el SMI se vean obligados a tributar. Yolanda Díaz ha expresado su deseo de que el SMI quede exento de tributación en el IRPF, como en subidas anteriores, pero reconoce que esta decisión corresponde a Hacienda. Montero, por su parte, ha enfatizado la importancia de la "pedagogía fiscal" y ha señalado que la contribución de los ciudadanos a través de los impuestos es esencial para fortalecer la democracia y combatir la desigualdad.

Según estimaciones de CCOO, la subida del SMI beneficiará a aproximadamente 1,8 millones de trabajadores a tiempo completo, lo que representa el 11,8% del total de empleados en esta modalidad. Si se incluyen los contratos a tiempo parcial, el número total de beneficiarios podría alcanzar los 2,1 millones de asalariados. El impacto es mayor entre mujeres, jóvenes, trabajadores con contratos temporales y aquellos empleados en sectores como la agricultura, hostelería y comercio.