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El plan contempla líneas de financiación avaladas por el ICO, ayudas para modernización industrial y un refuerzo del papel del ICEX para facilitar el acceso a mercados
ECONOMÍA & POLÍTICA16/04/2025El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un ambicioso Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, con un presupuesto estimado de 14.100 millones de euros, para frenar el impacto económico que tendrá la nueva política arancelaria de Estados Unidos. Este paquete de medidas pretende mitigar los efectos negativos que la subida de aranceles —de hasta un 25% para sectores clave como la automoción— tendrá sobre el tejido productivo español, especialmente sobre los autónomos y pymes exportadoras.
Según los datos más recientes, más de 26.000 pequeñas y medianas empresas españolas exportan de forma recurrente a EE. UU., y a ellas se suman miles más que, sin exportar directamente, forman parte de la cadena de valor o dependen de importaciones estadounidenses, que también se encarecerán. El nuevo paquete gubernamental busca proteger tanto a estas empresas como a sus trabajadores, activando medidas similares a las desplegadas durante la pandemia y la crisis inflacionaria derivada de la guerra en Ucrania.
El plan contempla líneas de financiación avaladas por el ICO, ayudas para modernización industrial, apoyo específico al sector del automóvil, coberturas de riesgo a la exportación y un refuerzo del papel del ICEX para facilitar el acceso a nuevos mercados.
Uno de los pilares centrales del plan es la habilitación de 6.000 millones de euros en líneas de crédito del ICO, destinados a facilitar liquidez y cubrir gastos operativos como alquileres, nóminas o suministros. Estos préstamos estarán disponibles con condiciones ventajosas, aunque serán de devolución obligatoria.
Además, se destinarán 5.000 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación a reorientar la actividad empresarial. El objetivo es que las compañías afectadas puedan transformarse y diversificarse en sectores con mayor proyección y menor exposición al conflicto arancelario. En paralelo, el Gobierno activará un Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva con 200 millones y reactivará el plan MOVES con 400 millones para el sector automovilístico.
Otra de las iniciativas clave será la movilización de 2.000 millones de euros en seguros de crédito y coberturas de riesgo a la exportación, con el fin de reducir la exposición internacional de las empresas en mercados volátiles. A esto se sumarán 500 millones más para fomentar la internacionalización de pequeñas empresas, canalizados a través del ICEX, con apoyo para consolidar la posición de las empresas españolas en EE. UU. o abrir nuevos destinos comerciales. Además, el Ejecutivo ha confirmado que activará el mecanismo RED, herramienta similar a los ERTE utilizados durante la pandemia. Permitirá mantener las plantillas en las empresas más afectadas por el conflicto comercial.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha advertido que las ayudas no serán incondicionales. Todas las empresas que se beneficien de ellas deberán mantener el empleo durante un período mínimo que se estima en seis meses, como ya ocurrió en crisis anteriores. Además, el Gobierno exigirá que las pymes no deslocalicen su producción ni incumplan criterios de sostenibilidad o responsabilidad social.
Esta condición podría aplicarse no solo a los ERTE o mecanismos de protección social, sino también a otros instrumentos financieros y subvenciones, aunque aún no se han confirmado los detalles normativos. Tampoco se ha concretado cómo se financiará la totalidad del plan, ya que la mitad del presupuesto previsto (7.000 millones) aún no cuenta con respaldo específico en los Presupuestos Generales del Estado. Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha solicitado a la Unión Europea la creación de un instrumento financiero complementario para reforzar las acciones nacionales. España busca que Bruselas contribuya al escudo económico europeo frente a la ofensiva comercial estadounidense.
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