claves para reforzar la estrategia exportadora de la UE

Según un estudio del Club de Exportadores e Inversores la Unión Europea pierde protagonismo económico y necesita replantear su política comercial.

EMPRESAS10/06/2025EditorEditor
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La Unión Europea (UE) enfrenta un contexto económico cada vez más desafiante, marcado por la desaceleración del crecimiento global, el aumento de tensiones geopolíticas y el retroceso progresivo de la globalización. Este escenario representa una amenaza significativa para su modelo económico, altamente dependiente de la exportación de bienes y servicios. Así lo destaca Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores, en el informe “la exportación ha sido el principal motor de crecimiento del PIB europeo en las últimas décadas”.

Desde el año 2000, la participación de la UE en el PIB mundial ha caído del 22% al 16%, mientras que su productividad relativa frente a Estados Unidos también se ha deteriorado. Según un informe de Mario Draghi, la productividad europea ha pasado del 90% al 80% de la estadounidense entre 1995 y 2023. Este estancamiento complica la capacidad de la UE para afrontar retos estratégicos como el envejecimiento poblacional, la transición ecológica y el refuerzo de su defensa común. En contraste con esta pérdida de dinamismo interno, el sector exterior ha sido el amortiguador del crecimiento. Entre 2010 y 2023, las exportaciones extracomunitarias de bienes crecieron un 78,1% y las de servicios un 155,1%. En total, la exportación representó en 2023 el 23,3% del PIB de la UE, frente al 14,8% en 2010. Esta cifra es muy superior a la de Estados Unidos, donde la exportación apenas alcanza el 13,2% del PIB.

Desglobalización e impactos sobre la competitividad europea

La progresiva desglobalización y el auge de políticas proteccionistas están alterando el panorama comercial. Las cadenas globales de suministro se están reconfigurando debido a factores como la guerra en Ucrania, la pandemia y las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. A ello se suma la llegada de la nueva administración Trump, que ha iniciado una política de fuertes subidas arancelarias que podría derivar en una guerra comercial global. La Organización Mundial del Comercio (OMC) estima que el comercio mundial podría caer un 0,2% en 2025 si se intensifican estas medidas.

La “Autonomía Estratégica Abierta” impulsada por Bruselas busca equilibrar apertura comercial y seguridad económica. Sin embargo, esta estrategia también introduce nuevas barreras que afectan a la competitividad de las empresas europeas. Ejemplo de ello es el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), que grava con un coste adicional la importación de productos contaminantes, y la Directiva de Diligencia Debida (CSDDD), que obliga a las empresas a auditar toda su cadena de suministro en términos de derechos humanos y medioambientales. Ambas iniciativas han sido criticadas por el sector empresarial por aumentar los costes y reducir la competitividad internacional.

Además, el dilema energético sigue vigente. La UE se ve forzada a invertir en energías renovables, pero la dependencia tecnológica de China —que domina la producción de paneles solares y baterías— limita las opciones industriales europeas.

Entre los riesgos adicionales figura el uso creciente de medidas defensivas por parte de terceros países, incluyendo represalias comerciales. Las normativas europeas en áreas como deforestación o derechos laborales son percibidas en algunas regiones como obstáculos encubiertos al comercio, lo que podría derivar en restricciones a productos europeos clave. En este escenario, Bonet recomienda reformar la política comercial común de la UE con cinco grandes líneas de actuación entre las que destacan la revitalizar la OMC, desbloqueando su mecanismo de resolución de disputas; Revisar la Autonomía Estratégica Abierta para evitar su uso como instrumento regulatorio excesivo, acelerar la firma y ratificación de acuerdos de libre comercio, especialmente con Mercosur y Australia, reabrir negociaciones comerciales con EE. UU., al menos en sectores industriales y crear una “task force” de análisis regulatorio, para evaluar el impacto de las nuevas normativas en la internacionalización empresarial.

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