
PIMEC celebra la ligera caída del paro en marzo y la implementación del nuevo complemento CAU, aunque advierte sobre la persistencia del desempleo estructural
Defiende un enfoque que grave no solo el arribo de los barcos a puertos, sino también su contenido y el recorrido realizado, para evitar la "fuga de carbono".
ECONOMÍA & POLÍTICA20/06/2024España ha iniciado una campaña en la Unión Europea para reconsiderar el gravamen que pagan las compañías navieras por emitir CO2 cuando arriban a puertos europeos. El objetivo es evitar que estas navieras opten por puertos de terceros países, como los del norte de África o el Reino Unido, perjudicando la actividad de puertos españoles como Las Palmas o Algeciras, que actualmente están creciendo debido al desvío del tráfico marítimo que antes transitaba por el Mar Rojo.
De acuerdo al contexto político y económico, y tras las recientes elecciones europeas, donde se ha evidenciado un aumento del descontento ciudadano que ha beneficiado a partidos ultras y euroescépticos, España ha planteado esta cuestión en el Consejo de Transportes de la UE en Luxemburgo. El debate ha abordado el "riesgo" de pérdida de competitividad de los puertos europeos y la consiguiente pérdida de empleos, así como la necesidad de una descarbonización global del sector marítimo bajo la Organización Marítima Internacional (OMI).
El ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha subrayado que el sistema de comercio de emisiones, que obliga a las navieras a comprar derechos de emisión de CO2, podría poner en desventaja a los puertos europeos frente a puertos cercanos fuera de la UE. España ya ha reunido el apoyo de 10 de los 27 países de la UE para reconsiderar este sistema.
No todos los países costeros de la UE están de acuerdo con la propuesta española. Suecia ha recordado que la normativa actual también se aplica a puertos no europeos hasta 300 millas de la UE, argumentando que no hay pruebas claras de desvíos significativos de barcos. Dinamarca y la Comisión Europea consideran que aún es temprano para evaluar el impacto del sistema de comercio de emisiones, que solo empezó a aplicarse este año.
A pesar de estas divergencias, España defiende un enfoque que grave no solo el arribo de los barcos a puertos europeos, sino también su contenido y el recorrido realizado, para evitar la "fuga de carbono". Esta propuesta surge en un momento en que algunos puertos españoles, especialmente en el sur y en Canarias, están experimentando un notable aumento de actividad debido al desvío de tráfico desde el Mar Rojo.
El Gobierno español tiene desafíos importantes para enfrentar y por lo tanto busca evitar que las navieras elijan puertos fuera de la UE para no pagar el gravamen por emisiones de CO2, lo que se conoce como "fuga de carbono". el Ministro Oscar Puente ha destacado que una vez que un barco se desvía a un puerto fuera de la UE, es difícil que vuelva a los puertos europeos. Por ello, ha insistido en la necesidad de vigilar de cerca el tráfico marítimo y anticiparse a las inversiones en infraestructuras portuarias en África y Reino Unido para evitar esta transferencia de tráfico.
Aunque el Gobierno español no ha propuesto medidas concretas ni pretende eliminar el sistema de subastas de emisiones, sí reclama una monitorización detallada para analizar posibles desvíos de tráfico marítimo y repensar el diseño del gravamen por emitir CO2 en el sector marítimo.
PIMEC celebra la ligera caída del paro en marzo y la implementación del nuevo complemento CAU, aunque advierte sobre la persistencia del desempleo estructural
La falta de presentación en plazo puede acarrear sanciones económicas importantes, por lo que conviene prestar especial atención a los calendarios oficiales
Cuerva destacó que, además de los aranceles estadounidenses, las pymes españolas enfrentan "aranceles internos" derivados de la sobrerregulación
La Confederación de Empresarios de Galicia y autoridades de Cabo Verde consolidan acuerdos estratégicos en pesca, infraestructuras y cooperación bilateral.
La CEG ha impulsado una jornada sobre gobernanza y competitividad junto a AENOR e IGE, con foco en ética, transparencia y profesionalización.
La gestora de fondos perteneciente a Apex, instala su primer centro en España con una oficina que prevé incorporar 50 profesionales en 2025.