Nueva norma de la UE en sostenibilidad ¿más costes y burocracia?

La Unión Europea ha dado un paso significativo en la regulación de la sostenibilidad empresarial con la aprobación de la Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés). Su objetivo es garantizar que las empresas que operan en la UE cumplan con estándares estrictos en derechos humanos y protección ambiental a lo largo de toda su cadena de suministro. Sin embargo, su implementación ha generado preocupación en el ámbito empresarial, especialmente entre aquellas compañías con presencia internacional.

Esta directiva, que entrará en vigor en 2026, afectará a las empresas europeas con más de 1.000 empleados y 450 millones de euros en facturación, así como a las empresas extranjeras con 450 millones de euros en ingresos dentro de la UE. Las compañías sujetas a esta normativa deberán auditar a sus proveedores, independientemente de su país de origen, para garantizar el cumplimiento de los requisitos en materia de sostenibilidad. Además, deberán establecer planes de contingencia, incluir cláusulas de prevención en sus contratos y apoyar a las PYMEs para facilitar su cumplimiento.

Uno de los aspectos más controvertidos es la responsabilidad civil que impone la directiva, permitiendo que los afectados puedan exigir compensaciones en caso de incumplimiento. Asimismo, cada Estado miembro deberá designar una autoridad nacional para supervisar la correcta aplicación de la normativa y aplicar sanciones económicas en caso de infracción.

Impacto en la competitividad y en las PYMEs

Desde el ámbito empresarial, se han levantado voces críticas respecto a los efectos de la CSDDD, aunque cabe recordar que el público objetivo son grandes empresas y que las Pymes deben ser ayudadas por estas; el coste de cumplimiento puede ser elevado, especialmente para aquellas compañías con redes de proveedores amplias y globalizadas. Esto se traduciría en un aumento de precios, reducción de márgenes de beneficio y una menor capacidad de inversión y crecimiento.

Las PYMEs no están directamente obligadas a cumplir con la directiva, pero en la práctica se verán afectadas. Muchas grandes empresas exigirán a sus proveedores de menor tamaño que adopten procedimientos similares de auditoría, lo que incrementará la carga burocrática y los costes para las PYMEs con actividad internacional. En muchos casos, estas empresas podrían verse forzadas a buscar proveedores dentro de la UE, renunciando a opciones más competitivas fuera del bloque.

Otro riesgo latente es el desequilibrio en la competencia internacional. Mientras las empresas europeas deberán cumplir con estas exigencias, sus competidoras en mercados como Estados Unidos, China o Japón no estarán sujetas a regulaciones equivalentes. Esto podría colocar a las compañías de la UE en desventaja en mercados globales, encareciendo sus productos y afectando su competitividad.

¿Un marco regulatorio demasiado exigente?

La creciente carga regulatoria en la UE ha generado un debate sobre la necesidad de simplificar y reducir normativas que afectan a la competitividad de las empresas, aunque chocan a su vez con las preocupaciones y daños climáticos que afectan al continente.  La Comisión Europea ya ha planteado un esfuerzo de simplificación normativa, y algunos países, como Francia, han propuesto incluso la suspensión de la directiva de diligencia debida y el aplazamiento de otras normativas relacionadas con sostenibilidad.

El Club de Exportadores e Inversores Españoles ha expresado su preocupación por lo que considera de impacto negativo de esta directiva y ha instado a las autoridades españolas a sumarse a los esfuerzos de revisión del marco normativo. En su posicionamiento, el Club defiende la necesidad de encontrar un equilibrio entre la promoción de la sostenibilidad y la preservación de la competitividad empresarial, evitando cargas administrativas desproporcionadas que afecten a las empresas españolas con actividad internacional, aunque no presentó de momento propuestas sobre la digitalización y simplificación de la Administración Pública. o análisis de impacto sobre la mejora del beneficio derivados de productos certificados.