
Según el documento, la fecha definitiva para el inicio de la facturación electrónica estará condicionada a la publicación de la orden que regulará el programa
La Agencia Tributaria endurece la supervisión de los pagos con tarjeta y los programas de facturación para combatir el fraude fiscal en España.
ECONOMÍA & POLÍTICA01/04/2025La Agencia Tributaria ha anunciado un refuerzo de la vigilancia sobre los Terminales de Punto de Venta (TPV) y los programas de facturación utilizados por autónomos y pymes a lo largo de 2025. Esta medida se enmarca dentro del Plan de Control Tributario 2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que establece las directrices de actuación para combatir el fraude fiscal.
La inspección fiscal pondrá especial énfasis en el uso de los TPV, dispositivos que permiten a los negocios recibir pagos con tarjeta, con el objetivo de verificar que los ingresos reportados correspondan con las operaciones electrónicas realizadas y detectar posibles irregularidades. Según fuentes de la Agencia Tributaria (AEAT) y técnicos de Gestha, la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda, el cruce de datos permitirá determinar si los ingresos declarados se alinean con la media del sector. De no ser así, podría interpretarse como un indicio de que parte de los ingresos se ocultan mediante pagos en efectivo no declarados.
Esta medida busca mejorar el control sobre la titularidad de los TPV y detectar casos en los que los dispositivos estén asociados a cuentas bancarias deslocalizadas o a nombres de terceros ajenos al titular del negocio.
Otro de los focos principales del Plan de Control Tributario 2025 será garantizar que los programas de facturación cumplan con las exigencias establecidas en la Ley Antifraude y el Real Decreto 1007/2023. Esta normativa establece nuevos requisitos para los programas utilizados por autónomos y empresas con el fin de asegurar la integridad, conservación y accesibilidad de los registros contables. Los productores y comercializadores de software deberán cumplir con la normativa a partir de julio de 2025, mientras que las sociedades tendrán que adaptarse antes del 1 de enero de 2026 y los autónomos persona física antes de julio de 2026.
El incumplimiento de estos requisitos puede acarrear multas de hasta 50.000 euros. Según la nueva regulación, los programas de facturación deberán generar un registro seguro e inalterable de las operaciones y contar con un sistema que garantice la inviolabilidad de los datos.
Estas visitas de inspección o cartas de aviso también se aprovecharán para informar a los negocios sobre sus nuevas obligaciones y el calendario de implantación de la normativa, buscando una adaptación progresiva a la nueva ley. Una de las más contundentes del plan de control es la digitalización y agilización de los embargos sobre los TPV. Según la Resolución de 13 de mayo de 2024 de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se estableció un nuevo procedimiento para realizar embargos telemáticos sobre los créditos derivados del cobro mediante TPV en entidades financieras y proveedores de servicios de pago.
En caso de deudas tributarias o impagos a la Seguridad Social, los TPV de autónomos y pymes podrán ser embargados en un plazo inferior a 24 horas. Este procedimiento coloca al TPV en segunda posición en el orden de embargos, justo después del dinero efectivo o en cuentas bancarias.
El sistema se implementará de manera masiva y automatizada, lo que significa que las entidades financieras recibirán diariamente las órdenes de embargo desde las 00:01 horas y deberán responder antes de las 23:59 horas del mismo día. Esta medida permitirá que la retención de fondos se ejecute de manera casi inmediata.
El endurecimiento de los controles y las sanciones podría suponer un mayor esfuerzo de adaptación para autónomos y pymes, que deberán revisar sus procesos internos y actualizar sus herramientas de facturación para cumplir con la nueva normativa. No obstante, desde Gestha señalan que este tipo de actuaciones son altamente eficaces para recaudar impuestos pendientes y prevenir el fraude fiscal, logrando que tres de cada cuatro contribuyentes detectados por las inspecciones terminen presentando una declaración complementaria y regularizando su situación.
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