La economía sumergida en Euskadi crece y alcanza el 10,7%

La economía sumergida continúa siendo un desafío significativo para Euskadi, representando el 10,7% del PIB en 2022, lo que equivale a 9.318 millones de euros según datos del instituto estadístico Eustat. Este fenómeno, que comprende actividades productivas ocultas a la Administración para evadir impuestos y cotizaciones sociales, ha experimentado un aumento preocupante de 1.803 millones de euros respecto a dos años antes, un crecimiento de cuatro décimas.

Los sectores más afectados por la economía sumergida son el comercio (incluidos talleres de vehículos), el transporte y la hostelería, donde la actividad no declarada alcanza el 25% de la producción total en cada uno de ellos. Este elevado porcentaje refleja la dificultad que enfrentan las autoridades para controlar un problema complejo y persistente.

En el sector de la construcción, la actividad oculta representa el 23,5% del total, mientras que en el sector inmobiliario alcanza el 16,6%. Estas cifras revelan una tendencia arraigada en sectores donde la informalidad y la falta de transparencia suelen ser más frecuentes, a menudo impulsadas por la temporalidad de los trabajos y la contratación irregular. En cuanto al artístico y de entretenimiento, el 14,8% de la riqueza generada no se declara, mientras que en las actividades profesionales el 10,9% de la producción es oculta. En contraste, el sector industrial mantiene un nivel relativamente bajo de economía sumergida, con solo el 6,3% de su actividad fuera del control administrativo. Las cifras más reducidas corresponden a los ámbitos de la educación, sanidad y servicios sociales, con un 1,6% de actividad no declarada.

El informe de Eustat también destaca que el sector servicios absorbe el 75% de la economía sumergida en Euskadi, lo que evidencia la alta incidencia de la informalidad en actividades de atención al cliente, restauración, transporte y servicios profesionales.

Un problema estructural con impacto económico y social

La economía sumergida no solo representa una pérdida de ingresos para la Administración Pública en términos de impuestos y cotizaciones sociales, sino que también distorsiona el mercado laboral, afecta la competencia empresarial y reduce la protección social de los trabajadores. En el caso del comercio, la hostelería y el transporte, la prevalencia de la economía informal suele estar asociada a la estacionalidad, la alta rotación de personal y las dificultades para garantizar el cumplimiento normativo en actividades donde los pagos en efectivo y la subcontratación son frecuentes. Estos sectores, además, se han visto especialmente afectados por la pandemia de COVID-19, lo que ha impulsado en algunos casos la búsqueda de alternativas informales para mantener el funcionamiento de los negocios.

La construcción y el sector inmobiliario, tradicionalmente vinculados a prácticas de economía sumergida, también enfrentan retos específicos relacionados con el empleo temporal y la contratación irregular. Este fenómeno ha sido señalado repetidamente por organismos nacionales e internacionales como una barrera para el desarrollo sostenible y la transparencia económica. Por su parte, el crecimiento de la economía sumergida en actividades profesionales y de entretenimiento refleja un problema latente en sectores donde la flexibilidad laboral y la falta de regulación efectiva propician la informalidad.