
Se espera que la implementación permita una gestión más eficiente del inventario, una personalización avanzada de ofertas y una atención al cliente optimizada.
Durante este 2025, los autónomos y pequeñas empresas en España tendrán que adaptarse a importantes cambios normativos en materia laboral, que afectarán de forma directa a cómo gestionan a su personal. La implementación de nuevas exigencias en el registro de jornada y en la elaboración de contratos de trabajo implicará una transformación estructural para miles de negocios, independientemente de su tamaño o sector.
Una de las medidas más relevantes es la intención del Gobierno de aprobar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una medida que no solo impacta en el tiempo de trabajo, sino que lleva aparejadas nuevas obligaciones como la digitalización completa del registro horario. Según el borrador del anteproyecto de ley, quedará prohibido el uso de registros en papel, obligando a los negocios a implementar sistemas tecnológicos que garanticen el fichaje diario de los trabajadores y que estén interconectados con la Inspección de Trabajo.
Además, estos sistemas deberán verificar la identidad del trabajador que realiza el fichaje y cumplir con la normativa de protección de datos. Las alternativas válidas abarcan desde software especializado de recursos humanos, hasta aplicaciones móviles, sistemas de escritorio o máquinas digitales instaladas en el lugar de trabajo. Lo esencial es que el método utilizado sea seguro, trazable y fácil de utilizar para ambas partes.
Paralelamente, está previsto que entre en vigor la transposición de la Directiva (UE) 2019/1152, relativa a condiciones laborales más transparentes y previsibles. Esta normativa, que ya fue aprobada como anteproyecto por el Gobierno, busca mejorar la claridad de las relaciones laborales desde su inicio, y supondrá cambios importantes en los contratos laborales que firmen los negocios con sus empleados.
Entre los puntos clave de esta directiva se encuentra la obligación de que todos los contratos se formalicen por escrito, sin excepción por tipo de contrato o duración. Además, los contratos deberán detallar de forma explícita información como:
En este sentido, también se establece una limitación a los periodos de prueba, que no podrán exceder los seis meses en el caso de técnicos titulados, y dos meses para el resto de trabajadores. Para contratos de duración determinada iguales o superiores a seis meses, el periodo de prueba no podrá superar el mes. En contratos de duración inferior, se aplicará una proporción similar.
Adicionalmente, se refuerza la necesidad de registrar la jornada en contratos a tiempo parcial, incluyendo el horario específico de inicio y fin de cada jornada. Esta obligación ya se aplica en muchos sectores, pero con la nueva regulación se ampliará y sistematizará, reduciendo así los márgenes de interpretación por parte de las empresas.
Para facilitar la adaptación a este nuevo marco normativo, muchas empresas optarán por herramientas tecnológicas especializadas como las soluciones de Recursos Humanos de Lucca, que permiten automatizar tanto el registro de jornada como la gestión documental laboral. Este tipo de plataformas no solo asegura el cumplimiento normativo, sino que también mejora la eficiencia operativa y reduce el riesgo de sanciones por errores administrativos.
En cuanto a costes, uno de los factores que más preocupan a los pequeños negocios, los desarrolladores de estas soluciones ofrecen tarifas escalonadas en función del número de empleados. Algunas aplicaciones presentan modelos de precios competitivos, que llegan a ser tan asequibles como los métodos tradicionales en papel, pero con mayores garantías legales.
Se espera que la implementación permita una gestión más eficiente del inventario, una personalización avanzada de ofertas y una atención al cliente optimizada.
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