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Un grupo amplio de organizaciones representativas del tejido económico catalán ha dirigido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que expresan su preocupación por la posible fusión entre BBVA y el Banc Sabadell, tras el dictamen favorable de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Firmada por las 13 Cámaras de Comercio de Cataluña, Barcelona Global, Cecot, el Col·legi d’Economistes de Catalunya, FemCat, Fira de Barcelona, Foment del Treball, PIMEC, PIMEC Autònoms y el RACC, la misiva recoge argumentos de “interés general y económico” que justifican, a juicio de los firmantes, la no conveniencia de esta operación para el conjunto del país.
Entre los principales argumentos, las entidades advierten del riesgo de excesiva concentración de poder financiero y empresarial, lo que podría tener implicaciones negativas para la competencia, el acceso al crédito y la cohesión territorial. Señalan además que la desaparición del Sabadell como entidad independiente afectaría especialmente a las pymes, con una estimación de entre 54.000 y 70.000 millones de euros menos en financiación disponible para este segmento. La carta pone el foco también en la posible pérdida de empleo, el cierre de oficinas y la amenaza de exclusión financiera en territorios no centrales, así como en la debilitación del ecosistema de innovación y talento que actualmente se articula en torno a bancos con fuerte arraigo regional, como es el caso del Sabadell en Cataluña.
Los firmantes reclaman un modelo bancario más próximo y arraigado, en línea con la diversidad territorial y empresarial de España. “La integración del Banc Sabadell en el BBVA no es solo una cuestión de competencia, sino de interés general”, señalan, insistiendo en la necesidad de mantener centros de decisión repartidos por todo el territorio para evitar un “desequilibrio estructural” que perjudique el desarrollo de determinadas regiones. En este sentido, proponen alternativas como la colaboración del Sabadell con otras entidades con sede fuera del centro peninsular, lo que permitiría mantener un equilibrio en el sistema financiero español sin comprometer la competitividad ni el acceso al crédito de miles de pequeñas y medianas empresas.
Además del envío de la carta, las entidades han puesto en marcha una campaña para incentivar la participación ciudadana y empresarial en la consulta pública abierta por el Gobierno sobre la operación. Consideran que se trata de una “buena oportunidad para expresar una posición razonada” ante una operación de gran calado, tanto en términos financieros como territoriales. La consulta estará abierta hasta el 16 de mayo.
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