España entre los países de la UE con mayor carga social empresarial

El más reciente estudio del Instituto de Estudios Económicos en colaboración con Tax Foundation sitúa a España en una posición delicada en materia de competitividad fiscal. Según el informe Competitividad fiscal empresarial 2025, nuestro país es el tercero de la Unión Europea que más depende de las cotizaciones sociales a cargo de las empresas para financiar su sistema de protección social.

En términos concretos, el 25,8% de la recaudación total proviene de seguros sociales empresariales. Esto significa que de cada 1.000 euros que ingresan las arcas públicas, 250 se obtienen directamente de los pagos realizados por las compañías en concepto de cotizaciones. Solo Estonia (32,6%) y la República Checa (27,9%) superan a España, situando a nuestro país muy por encima del promedio europeo, que se ubica en el 17,9%.

El informe subraya que esta estructura genera una presión fiscal significativa sobre el mercado laboral, lo que puede afectar tanto a la competitividad de las empresas como al coste de contratación. De hecho, en comparación con la media europea, las cotizaciones empresariales en España representan un esfuerzo un 34% mayor en relación al PIB.

 
Alta dependencia de las cotizaciones para sostener el sistema

España muestra una “alta dependencia” de las contribuciones de empresas, pymes y autónomos para financiar prestaciones como pensiones, sanidad y desempleo. El documento recuerda que estas aportaciones “aseguran la sostenibilidad de las prestaciones fundamentales”, pero también advierte que el peso excesivo de esta vía frente a otros impuestos puede derivar en una “estructura fiscal desequilibrada”.

De acuerdo con los datos de 2023, las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social supusieron un 9,4% del PIB, mientras que el Impuesto de Sociedades representó un 2,9%. En total, la carga fiscal de las empresas ascendió al 12,3% del PIB. En contraste, el promedio de la UE fue del 10,2%, repartido de manera más equilibrada entre cotizaciones (7%) y Sociedades (3,2%).

Este modelo, según los expertos, sitúa a España como el cuarto país de la UE que más depende de la recaudación empresarial, con un 48,8% del total de ingresos fiscales procedentes de actividades de negocio, frente al 39,4% de la media europea.

 
Implicaciones para pymes y autónomos

Para las pequeñas y medianas empresas, esta situación se traduce en un coste adicional que impacta directamente en la capacidad de crecer, contratar personal o invertir en innovación. En sectores intensivos en mano de obra, el peso de las cotizaciones puede convertirse en un obstáculo que resta margen de maniobra y dificulta la generación de empleo estable.

El estudio recuerda que en Europa existen modelos alternativos donde los sistemas de bienestar se financian con mayor proporción de impuestos generales y no solo con cotizaciones. Países como Alemania (17,4%), Austria (16,4%) o Eslovenia (15,7%) logran mantener estructuras más equilibradas, mientras que en casos como Suecia (6,2%) o Dinamarca (0,1%) las cotizaciones empresariales tienen un papel prácticamente residual en el sostenimiento del sistema social.

Para los negocios españoles, esta comparativa refleja un entorno fiscal altamente exigente que combina cargas elevadas por Impuesto de Sociedades y cotizaciones. Aunque existen incentivos específicos para pequeñas empresas, el desequilibrio estructural limita la flexibilidad y reduce la competitividad frente a mercados europeos donde los costes laborales son menos gravosos.