
Cuerva destacó que, además de los aranceles estadounidenses, las pymes españolas enfrentan "aranceles internos" derivados de la sobrerregulación
Las principales organizaciones empresariales advierten del incremento de costes, especialmente para pymes y autónomos, y del impacto para el empleo
ECONOMÍA & POLÍTICA19/02/2025La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas es una realidad que se acerca, aunque aún tiene un largo camino por recorrer en el Parlamento. Sin embargo, el anuncio de esta medida por parte del Gobierno ha desatado la indignación del mundo empresarial, que ve en ella un incremento de costes inasumible, especialmente para las pymes y los autónomos, y una amenaza para el empleo y la competitividad. Las principales organizaciones empresariales de España, como la CEOE, Cepyme, ATA, la Cámara de Comercio de España, la Amef, CEIM, la CNC y UNO Logística, han expresado su profundo rechazo a esta medida, que consideran una imposición del Gobierno y una falta de respeto a la negociación colectiva.
Los empresarios advierten de que la reducción de la jornada laboral supondrá un incremento de costes significativo, estimado por la CEOE entre 21.000 y 24.000 millones de euros. Este aumento de costes, según señalan, será especialmente difícil de asumir para las pymes y los autónomos, que ya se enfrentan a numerosas dificultades económicas.
"Es una grave intervención del Gobierno en la organización de las empresas y la negociación colectiva, que tendrá consecuencias para las más pequeñas", apunta el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva. Por su parte, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, advierte que "ningún autónomo va a contratar por el hecho de que un empleado trabaje media hora menos al día. El coste es inasumible".
Las organizaciones empresariales también alertan del impacto negativo que la reducción de la jornada laboral podría tener en el empleo. Temen que esta medida dificulte la creación de nuevos puestos de trabajo y que incluso pueda provocar la destrucción de empleo, especialmente en sectores como la agricultura, la hostelería y el comercio. Además, los empresarios consideran que la reducción de la jornada laboral puede lastrar la competitividad de las empresas españolas, que ya se enfrentan a la competencia de otros países con jornadas laborales más amplias.
Uno de los aspectos que más indignación ha generado en el mundo empresarial es la falta de consenso con la que el Gobierno ha aprobado esta medida. Las organizaciones empresariales denuncian que no han sido consultadas y que se ha ignorado su opinión.
"La propuesta de reducción de jornada, aprobada en Consejo de Ministros, demuestra, una vez más, la hostilidad del Gobierno hacia las empresas y afecta directamente a la negociación colectiva", critica el presidente de CEIM, Miguel Garrido. Los empresarios reclaman que cualquier cambio en la regulación laboral debe ser fruto del diálogo y la negociación entre los agentes sociales, y no una imposición del Gobierno.
A pesar de su profundo malestar, las organizaciones empresariales no cierran la puerta al diálogo. Piden al Gobierno que abra un espacio de negociación para abordar esta cuestión de forma consensuada, teniendo en cuenta las particularidades de cada sector y empresa.
"Se debe respetar la interlocución entre empresarios y trabajadores porque es la única vía que verdaderamente tiene en cuenta si la empresa puede o no adaptarse a una reducción de jornada ya. Hacerlo por imperativo legal ignorando a la empresa española y 'ya' es una imposición que menoscabará el desarrollo de muchas empresas", advierte el presidente de Cepyme.
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En un comunicado ha pedido medidas europeas firmes pero considera que deben ser cuidadosamente calibradas y orientadas a restablecer el equilibrio
Desde la administración pública aseguran que se establece el criterios de proporcionalidad y adaptación a la realidad de cada sector, derivados del artículo 4.
Según el documento, la fecha definitiva para el inicio de la facturación electrónica estará condicionada a la publicación de la orden que regulará el programa
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